lunes, 22 de octubre de 2018

Ley de partido políticos afectara libertad de prensa según expertos

La aprobación de una nueva ley de partidos y agrupaciones políticas que incuba limitaciones al derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos, y otro proyecto legislativo en curso en el Congreso Nacional para imponer porcentajes y tarifas a la publicidad en los medios de comunicación, han despertado las alarmas en la prensa independiente de la República Dominicana ante los imprevisibles alcances que pudieran tener tales normativas.

Ambas iniciativas, que vienen a unirse al proyecto para establecer una Ley de Medios de Comunicación, actualmente bajo estudio de una comisión bi-cameral del Congreso, abren de nuevo el camino para una renovada lucha en la defensa de la libertad de prensa y expresión enfrentando las posibles cortapisas que podrian afectarla con dichas legislaciones.

En el caso de la recien promulgada ley número 33-18, sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos, esta va mas allá de su propósito original de regular la constitución y el funcionamiento de estas entidades, y se excede con disposiciones que castigan con penas de multas y prisión la “difusión de mensajes negativos, a través de las redes sociales,que empañen la imagen de los candidatos” (Articulo 44 numeral 6).


Para disponer de estas penalidades, la ley de partidos se apoya en artículos de la ley 53-07 sobre Crimenes y Delitos de Alta Tecnología, pero lo preocupante es que en ella subyace un implícito atentado contra derechos y principios fundamentales consagrados en laa Constitución de la República, entre ellos el de la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a la información pública.

Ya ha sido introducido un recurso de inconstitucionalidad para anular esta parte de la ley, bajo el argumento de que en una campaña electoral la ciudadanía tiene derecho a obtener información relacionada con el accionar de los candidatos, sea esta negativa o positiva, pues la información garantiza la transparencia, permite fiscalizar las funciones públicas y, por ende, fortalecer la democracia. Además existen en el Código Penal y en otras disposiciones, normas que regulan la difamación y la injuria, si fuese el caso.

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